Ni Champions ni Apocalipsis.
Estamos de campaña electoral. De hecho, llevamos varios meses inmersos en ella, desde que el 1 de junio de 2018 prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez contra el entonces Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Unos días antes, Sánchez había declarado aspirar a formar un Gobierno transitorio que convocara elecciones "cuanto antes". Esa transitoriedad ha durado finalmente casi 10 meses, que no han sido más por la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, rechazados el pasado 13 de febrero al carecer del necesario apoyo de las formaciones independentistas. No era la primera vez que tal rechazo presupuestario ocurría en democracia, puesto que en 1995 el Congreso tumbó las cuentas del Gobierno de Felipe González, después de que Convergencia i Unió le retirara su apoyo, provocando asimsimo elecciones anticipadas. Una curiosa analogía, con similares protagonistas.
En el camino, se han promulgado (según mis cuentas) al menos 32 reales decretos-ley, récord absoluto para los 9 primeros meses de mandato. Son 5 RDL más que con el gobierno Rajoy (27) y muy lejos de José Luis Rodríguez Zapatero (11) y José María Aznar (13) durante ese mismo período temporal. Entre las medidas adoptadas por esta vía, destacan la subida del salario mínimo interprofesional, la exhumación de Franco, la renovación del Consejo de Administración y presidencia de RTVE, la recuperación de la sanidad universal, el desempleo para los mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad y un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de vivienda y alquiler, finalmente no aplicado por falta de convalidación. Ahí es nada. De hecho, podrían ser algunas más, ya que el Presidente ha manisfestado su intención de seguir adelante con sus autodenominados "viernes sociales" hasta el 28 de abril, pese a las críticas de la oposición.
En suma, el gobierno de Sánchez, con un margen de maniobra muy limitado debido a su exigua representación en el Congreso y al bloqueo continuado en un Senado con mayoría conservadora (también muy criticado y criticable), se ha dedicado a convertir en habitual un instrumento normativo de naturaleza en teoría excepcional. Es por ello que, sin negar la relevancia e incluso la necesidad de algunas de las medidas emprendidas, cabría cuestionarse su condición de “extraordinarias y urgentes”.
Como afirma Rafael Jiménez Asensio en un excelente artículo sobre el tema, no es que se haya “gobernado por decreto” como apuntan algunos políticos, sino que se ha legislado por decreto-ley; que no es lo mismo. En esa misma entrada, el autor incluye una oportuna cita:
“Vivimos momentos de apresuramiento y precipitación, donde la aceleración política encuentra su salida natural en esta figura normativa excepcional de uso ordinario que ofrece inmediatez (a golpe de clic en el BOE), anima a los potenciales votantes a decir me gusta (otorgando dadivosamente más derechos, más permisos, más retribuciones, y multiplicando sin medida el gasto público), y, por tanto, llevando a cabo una clara ‘utilización para fines de manifiesto oportunismo político’ de la legislación de excepción (Gomes Canotilho, Direito Constitucional, p. 789).”
Llegados a este punto, el debate económico de las últimas semanas se ha centrado en los posibles efectos económicos de tales iniciativas en unos momentos de fuerte incertidumbre, tanto en el ámbito interno (fragmentación, conflicto catalán, nuevos populismos) como externo (Brexit, auge -también- de los populismos en Europa, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China). A esa incertidumbre debemos añadir una coyuntura económica global que apunta hacia la desaceleración, especialmente en Europa, tendencia a la que España, como economía abierta, globalizada y con gran participación en el mercado único, no es ajena.
Cierto es, como acaba de apuntar el Banco de España, que la economía española sigue presentando un notable dinamismo y resistencia a esa desaceleración, en contraste con otras naciones de nuestro entorno. La fortaleza de la demanda interna ha compensado un evidente deterioro del contexto exterior, lo que permite sostener el crecimiento, estimando el BdE una tasa del 2,2 % en 2019, un 1,9 % en 2020 y un 1,7 % en 2021.
Previsiones del Banco de España, marzo de 2019
Abundando en estos mismos datos, nuesra ministra de economía y empresas, Nadia Calviño, ha indicado sensatamente que tras el crecimiento acelerado de la segunda mitad del ejercicio precedente, España ha entrado en el 2019 con "buen pie", destacando que nuestro país está capeando mejor esta situación que otras grandes economías. Y aunque la ministra ha recomendado prudencia, a varios correligionarios suyos más exaltados les ha faltado similar comedimiento. Aquel desafortunado símil de Zapatero con la Champions ha estado rondando las más recientes declaraciones socialistas. Seamos sensatos: la ralentización de nuestro crecimiento no es directamente achacable al gobierno actual, del mismo modo que tampoco lo es nuestra mayor resistencia económica.
No obstante, esta aparente robustez encierra importantes debilidades, empezando por el déficit público. Según las estimaciones del Banco de España, el déficit del año 2018 quedó en el 2,7% y en 2019 será del 2,5%. Con una economía en crecimiento, ello significa no avanzar un ápice en la mejora de nuestro déficit estructural. Los rutilantes “viernes sociales” han impuesto un notable menoscabo para las cuentas públicas de este año y el siguiente, cifrado en unos 3.000 millones de euros. Una necesidad de financiación adicional que no podrá ser satisfecha pese a la mejora de nuestra recaudación fiscal, ya que las medidas de ingresos necesarias para financiar las medidas aprobadas quedaron en el barbecho de los presupuestos fallidos.
Gráfico de El Confidencial
El Banco de España, de forma similar a lo expresado semanas atrás por la AIReF y FUNCAS, manifiesta su inquietud al respecto:
"Se mantiene la indefinición sobre el curso de la política fiscal... la estimación del saldo público para 2019 resulta más incierta, en ausencia de un plan de referencia."
En este sentido, se comprenden las dudas razonables que numerosos analistas expresan acerca del posible electoralismo subyacente y la dudosa responsabilidad fiscal de esta forma proceder. Echar la culpa al bloqueo presupuestario ejercido por la oposición puede parecer una excusa legítima pero resulta insuficiente, sobre todo ante la evidencia de una mayoría parlamentaria tan exigua y voluble. En esta línea se pronunciaba el economista Miguel Ángel García Díaz en un interesante artículo de Agenda Pública:
“Éste es un saldo especialmente preocupante al haberse obtenido en un momento favorable del ciclo, en el que la economía española mantiene una tasa de actividad razonablemente alta, y contar con tipos de interés muy reducidos, inferiores a los que la teoría económica considera normales.
Conocido todo el proceso, entre las muchas preguntas posibles cabe plantearse la utilidad de la táctica utilizada por el Gobierno de trocear el Presupuesto agrupando las medidas fáciles y amables en un real decreto-ley, mientras se llevaba a los PGE las medidas antipáticas. También permite reflexionar sobre la falta de acierto de la idea que considera suficiente subir los impuestos a las rentas más altas para aumentar el gasto y solucionar el déficit. No es una propuesta suficiente para abordar los problemas del sistema fiscal español.”
Mención especial merece la situación deficitaria de la Seguridad Social, que un año más va a requerir un préstamo del Estado, estimado en unos 15.000 millones de euros (entre el 1,1% y el 1,2% del PIB), para poder hacer frente al pago de las pensiones. En 2018 el préstamo fue de 13.830 millones de euros. La revalorización aprobada para este año, también por real-decreto Ley (el 28/2018), no contribuye a mejorar esta complicada situación, de la que ya les anticipo no escucharán hablar durante la presente campaña electoral. ¿Por qué será?
Por consiguiente, parece lícito preguntarse tanto sobre la oportunidad de las medidas empredidas como sobre los límites de nuestra capacidad fiscal para afrontar estos retos y otras posibles necesidades críticas en un futuro próximo, con un déficit del 2,7% del PIB, una deuda pública en el entorno del 98% (en aumento), un paro que todavía es del 14,1% y un crecimiento económico robusto pero que va perdiendo fuelle. Máxime cuando el magnífico motor de nuestra capacidad exportadora parece estancarse, incrementando el déficit comercial. Atención especial merece un sector tan estratégico para nuestra industria como el automovilístico, incluyendo sus industrias auxiliares. Los siguientes gráficos de @combarro resultan significativos.
Incluso en un entorno todavía propicio como el actual, mejorar el gasto en I+D+i, en educación, en sanidad y en las muy necesarias políticas sociales; mantener el estado de las autonomías con el necesario grado de solidaridad interregional, y cumplir con Europa conteniendo déficit y deuda, supondría conseguir casi la cuadratura del círculo. Tal proeza requiere de una visión estratégica alejada del cortoplacismo, honestidad y mucha, mucha responsabilidad política y fiscal.
Prometer ahora el cielo por la vía del gasto, dejando los imperativos ajustes para más tarde, sin explicárselo adecuadamente a los ciudadanos y a los agentes económicos, contribuye a incrementar todavía más nuestra presente incerticumbre, un enemigo letal para la economía española. El frenazo a la esperada subida de nuestro rating crediticio por las agencias de calificación S&P y DBRS apunta en esa dirección.
Nuestro margen de error es cada vez más reducido. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Esté quien esté al volante de nuestro país a partir del próximo 28 de abril.
